Informe oficial afirma que “Nacional no
está en medio de lavado de dinero”

ASEGURAN QUE “LA COMISIÓN FISCAL SE EXTRALIMITÓ EN SUS FUNCIONES”

El pasado 14 de abril la Comisión Fiscal del Club Nacional de Football, integrada por dos hombres del oficialismo (Ramón Requesens y Marcelo Di Bello) y uno de la oposición (Rafael Anavitarte), había entregado a la directiva del club un duro informe fiscal donde se criticaban duramente las negociaciones que el club había realizado con varios de sus juveniles, pero por sobre todo las que llevó a cabo con Lodeiro, García, Calzada y Píriz.


En ellas se le cedió el 25% de sus futuros derechos de venta a un grupo empresario argentino que está liderado por el uruguayo Gerardo Arias y su socio Washington Rizotto y donde también está involucrado el ex novio de la diva Susana Giménez, el charrúa Jorge Rama.

A raíz de esta situación, el presidente Ricardo Alarcón y el resto de los dirigentes dieron la confianza al ingeniero Díaz Nadal, el escribano Guillermo Pena y el doctor Juan Mahilos para que ellos elaboraran la respuesta oficial a las acusaciones planteadas. En la sesión de directiva del lunes se presentó el informe final para que los dirigentes lo estudiaran y el mismo terminó siendo aprobado por mayoría absoluta. En las próximas horas, seguramente hoy, los integrantes de la Comisión Fiscal serán citados a la sede del club para entregarles el escrito que la directiva aprobó en su última sesión.

Una de las cosas más graves que este informe concluye es que la "Comisión Fiscal se extralimitó en las funciones para las que está designada"; además, menciona que "los negocios de los jugadores juveniles de la institución fueron perfectamente válidos ya que la cesión de derechos económicos a grupos inversores, cuando son ventas a futuro, está dentro de lo que marcan las normas legales".

La Comisión Fiscal había dicho que "el objeto del contrato es violatorio de la normativa legal vigente (Decreto Ley 14.996, artículo 2º), ya que Nacional cede y transfiere en carácter irrevocable e irretractable al cesionario el 25% del producido líquido de la cesión de los derechos económicos y federativos de futuras transferencias de los citados futbolistas a otras instituciones".

La Comisión Fiscal también cuestionó en su momento el hecho de que, según su entendimiento, Nacional estaba obligado a consultar a los empresarios involucrados en la negociación para ponerle el precio a la venta de los jugadores (textualmente decía que "es absolutamente excesivo el poder de decisión que adquiere el cesionario, ya que ante la compra de únicamente el 25%, el accionista minoritario adquiere el poder de decisión sobre el destino de los deportistas en un gran abanico de posibilidades"), lo cual tam- bién es tajantemente desmentido por la comisión directiva bajo el argumento de que "la ficha de los jugadores sigue perteneciendo en su totalidad a la institución y en el pasado ya se realizaron operaciones de similar contenido con otros jugadores que en ningún momento fueron objetadas". Esto último hace referencia a que en un pasado reciente Nacional había puesto a la venta acciones de la mayoría de sus futbolistas del plantel principal y que ello no implicaba que estaba poniendo a la venta la ficha de los futbolistas en cuestión.

Uno de los puntos más delicados que había insinuado la Comisión Fiscal estaba relacionado con el riesgo penal que estaba corriendo la institución al estar involucrándose con contratistas que no tenían buenos antecedentes en materia policial (esto hacía referencia a Arias y Rizotto). La Comi- sión Fiscal había dicho textualmente: "El prestigio y la historia de Nacional merecen conocer con absoluta seguridad los antecedentes de quienes contratan con la institución, ya que la reputación del club no puede ser objeto de manoseo por parte de aportaciones con contrapartes de dudosa o al menos desconocida trayectoria". Sobre este tema, el informe aprobado por la comisión directiva hace referencia a que "se realizaron las consultas del caso, con varios abogados penalistas, quienes descartaron que la institución tricolor esté involucrada en algún acto ilícito o reñido con la moral", descartándose de plano que "Nacional esté en medio de una operación de lavado de dinero".

Ricardo Alarcón tuvo duros intercambios de palabras con sus compañeros de mandato porque se entendía que todo debía haber quedado en la interna del club y no tomar estado público, como evidentemente sucede.

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